México está endureciendo el control sobre las importaciones de azúcar después de varios años de crecimiento acelerado en las compras externas. Sin embargo, el cambio no entró en vigor de forma completa al mismo tiempo. La Secretaría de Economía prorrogó hasta el 2 de noviembre de 2026 la aplicación del permiso previo para ciertas preparaciones alimenticias clasificadas en la fracción 2106.90.99. Para otras seis fracciones de azúcar, el requisito ya es obligatorio desde el 28 de septiembre.
El dato que explica el giro regulatorio es que entre enero de 2019 y abril de 2023, México importó en promedio 2,185 toneladas mensuales de azúcar de manera definitiva. Entre mayo de 2023 y diciembre de 2025, ese promedio subió a 35,872 toneladas. El incremento fue de 1,542%. La Secretaría de Economía también reportó que el valor promedio de las importaciones pasó de 41.5 millones de dólares entre 2019 y 2022 a 533.3 millones entre 2023 y 2024.
Y el problema no se limita solo al volumen. Las autoridades identificaron un aumento superior a 100,000 toneladas anuales de productos procedentes principalmente de Guatemala que fueron declarados como preparaciones o mezclas de azúcar con otras sustancias. En algunos casos se incorporaron componentes como carbón activado. El criterio oficial sostiene que esos elementos no cambian necesariamente el carácter esencial del azúcar y que ciertas clasificaciones podrían utilizarse para acceder a tratamientos arancelarios distintos.
Por eso el nuevo permiso previo no funciona solo como una barrera administrativa. Su objetivo declarado es mejorar la trazabilidad. Los importadores deben informar volumen, valor, origen y características de la mercancía. Además, deben presentar un informe técnico que detalle la composición del producto. En el caso de las preparaciones de la fracción 2106.90.99, la autoridad pide determinar cuánto azúcar contienen, qué otros componentes están presentes y si estos pueden separarse mediante procesos físicos o fisicoquímicos.
La prórroga hasta el 2 de noviembre debe leerse como un ajuste operativo y no como una reversión de la política. El resto de las fracciones incluidas en el acuerdo mantiene el permiso previo. Además, desde noviembre de 2025 México aplica aranceles de 156% para distintas categorías de azúcar y de 210.44% para azúcar líquida refinada e invertida. El gobierno justificó esos niveles por la sobreoferta interna y la caída de los precios internacionales.
Para productores e ingenios, la implicación razonable es que el gobierno intenta reducir la presión que las importaciones pueden ejercer sobre el mercado nacional. Eso es una inferencia respaldada por la propia justificación oficial, que señala desplazamiento del azúcar producido en México. No significa que el permiso garantice mejores precios ni una reducción inmediata de importaciones. Esos resultados todavía dependerán del comportamiento del mercado y de la aplicación efectiva de los controles.
Para las empresas importadoras, el cambio es que habrá más documentación, análisis de composición y tiempos de autorización. El permiso puede tardar hasta 15 días hábiles y tiene una vigencia de 90 días. La medida busca cerrar espacios para una clasificación inadecuada de mercancías, pero su efecto real sobre volúmenes, precios y disponibilidad solo podrá medirse cuando el sistema opere de manera completa.
Fuentes: Forbes México, Secretaría de Economía y Diario Oficial de la Federación.
