El gobierno mexicano tiene un problema de diseño regulatorio y ese problema tiene nombre y apellido, aguacate y berries. En este 2026, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, junto con la Secretaría de Agricultura, buscan poner en marcha el Certificado Laboral para la Agroexportación, un mecanismo obligatorio que verifica que cada embarque cuente con mano de obra formal afiliada al IMSS.
El plan piloto ya arrancó en abril con el aguacate Hass en Michoacán y, según lo anunciado por la propia Secretaría de Agricultura, se extenderá “antes de que concluya el año” a las berries. Mientras tanto, cultivos con un peso exportador comparable o incluso mayor, como el tomate, quedaron mencionados apenas de paso en el dictamen legislativo, como parte de una “incorporación paulatina” que no tiene fecha ni urgencia definida.
Ese patrón no es casualidad ni un simple orden alfabético. Es la decisión consciente de empezar por los cultivos que ya traen consigo trazabilidad, visibilidad internacional y una relación comercial sensible con Estados Unidos, en lugar de repartir la exigencia de manera uniforme desde el primer día en todo el campo mexicano.
Es lo mismo que pasa en las empresas. Cuando en un grupo de trabajo hay alguien que siempre entrega a tiempo, que nunca falla, que ya tiene sus procesos ordenados, a ese colaborador se le empieza a cargar la mano con cada tarea nueva, simplemente porque resulta más fácil pedirle más a quien ya responde que exigirle por primera vez a quien nunca lo ha hecho.
Con el paso del tiempo, ese empleado ejemplar termina agotado, o de plano se le “truena”, mientras quienes menos entregaban siguen sin que nadie les toque la puerta. Con el aguacate y las berries ocurre algo parecido dentro del propio esquema regulatorio mexicano.
Conviene, sin embargo, no quedarse solo con la lectura de la víctima ejemplar, porque el agro mexicano no es blanco ni negro y en este caso hay argumentos sólidos detrás de la decisión gubernamental.
El aguacate y las berries no fueron elegidos al azar como punto de partida. Concentran una parte enorme del valor exportador del campo mexicano (la agroindustria mexicana generó 3.27 billones de pesos en el segundo trimestre de 2025, equivalentes al 9.1% del PIB nacional) y también concentran los pasivos ambientales más documentados del sector.
Entre 2001 y 2018, Michoacán perdió más de 269,000 hectáreas de cobertura forestal, buena parte convertida en huertas aguacateras, y en 2022 Conagua declaró la sobreexplotación del acuífero de Ziracuaretiro, clave para el riego de esas mismas plantaciones. En Jalisco, organizaciones locales documentan que la expansión de los cultivos de berries ha contribuido a agotar acuíferos que hoy no alcanzan ni para el consumo humano en algunas comunidades. Bajo esa lógica, empezar por ahí no parece un capricho, sino una apuesta por atacar primero donde el daño acumulado y el foco internacional son mayores.
Además, funcionarios y legisladores han insistido en que el nuevo esquema busca funcionar como un piloto que después se extienda a todo el sector, no como un castigo permanente a dos cultivos o grupos de cultivos. El propio dictamen aprobado en el Senado reconoce que en el campo mexicano laboran 2.7 millones de personas y que más del 83% se encuentra en condiciones de informalidad, una cifra que en otras fuentes gubernamentales se eleva hasta 87%.
Es decir, el problema de fondo (trabajadores sin seguridad social, sin contrato, sin protección) es un problema de todo el sector agrícola, no exclusivo del aguacate ni de las berries. Empezar por los cultivos con mayor exportación y mayor exposición mediática tiene, desde esta óptica, una lógica de eficiencia política, ya que ahí el impacto de la reforma se nota más rápido y con mayor visibilidad ante los socios comerciales del T-MEC.
Ahí aparece justamente la otra cara de la moneda, la que sostiene que esta selectividad tiene más de conveniencia política que de justicia regulatoria. Josefina Cendejas Guízar, investigadora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ha señalado que el impulso a la certificación responde principalmente a la necesidad de mejorar la imagen del aguacate mexicano en mercados internacionales, más que a resolver a fondo los daños socioambientales acumulados en el territorio.
Desde esta perspectiva, el diseño regulatorio privilegia mostrar resultados rápidos y visibles en los cultivos ya exitosos, en lugar de repartir la carga según el tamaño real del problema en cada rincón del campo mexicano. Mientras el aguacate y las berries enfrentan auditorías, otros cultivos con cadenas productivas que también exportan millones de dólares al año, permanecen, por ahora, fuera del primer bloque de exigencia, aun cuando comparte buena parte de los mismos problemas estructurales de informalidad laboral que se buscan corregir.
Esta asimetría tiene un costo. Cuando un sistema regulatorio concentra toda su energía en los actores que ya cumplen más y que ya son más visibles, envía una señal negativa al resto del campo mexicano, la de que conviene mantenerse pequeño, informal y poco trazable, porque ahí la mirada del gobierno tarda más en llegar. Mientras tanto, el aguacate y las berries siguen absorbiendo cada nueva exigencia, cada nueva plataforma, cada nuevo requisito, casi como el compañero de equipo que ya demostró que puede con todo y que, por eso mismo, termina cargando con el trabajo de los demás.
La pregunta de fondo para el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas y para quienes diseñan política pública en el sector no es si el aguacate y las berries deben regularse, porque la evidencia sobre deforestación, agua y condiciones laborales es clara y contundente.
La pregunta es si conviene seguir construyendo la regulación empezando siempre por los mismos dos cultivos, en lugar de acelerar la incorporación de otros productos de exportación que hoy observan el proceso desde la banca.
Volviendo a la metáfora del equipo de trabajo, castigar sistemáticamente al colaborador más cumplido no solo resulta injusto, también termina por desmotivar al único que sostenía el estándar alto para todos los demás.
Fuentes consultadas
- Sheinbaum anuncia certificado laboral para productores agrícolas en México
- Plan Michoacán, presentan Certificado Laboral de Agroexportación de Aguacate
- Certificado laboral para la agroexportación formalizará a la industria aguacatera, Forbes México
- Certificado Laboral de Agroexportación es aprobado en el Senado
- Rumbo al T-MEC, agroexportaciones de aguacate y berries quedan bajo lupa
- México prepara una certificación laboral y ambiental para las berries de exportación
- Certificado Velagro no es suficiente, advierten persistente precariedad laboral
- Presentación del dictamen sobre certificación laboral, Senado de la República
- La Crisis Hídrica y las exportaciones agroalimentarias de México
- Los productores de frutos rojos que secan comunidades en Jalisco
