California acaba de dar un paso que puede cambiar la forma en que se evalúa el uso de ciertos pesticidas. El gobernador Gavin Newsom firmó la ley AB 1603 el 27 de septiembre de 2026. La norma obliga al Departamento de Regulación de Pesticidas a identificar y seguir el uso de productos que contienen PFAS, una amplia familia de sustancias químicas persistentes. El cambio no prohíbe esos pesticidas. Su objetivo inmediato es hacer visible dónde están y cuánto se utilizan.
La medida exige que, a más tardar el 1 de enero de 2028 o cuando se publique la base de datos de uso de pesticidas correspondiente a 2026, lo que ocurra primero, el estado marque los productos que contienen ingredientes PFAS. También deberá incluir a los PFAS como categoría de interés y reportar sus tendencias de uso. Además, California deberá publicar una lista de todos los pesticidas registrados con esos ingredientes y actualizarla cuando se autoricen nuevos productos.
Ese detalle es importante porque la versión inicial de la propuesta era mucho más restrictiva. En etapas anteriores se planteó impedir nuevos registros de pesticidas con PFAS e incluso avanzar hacia prohibiciones más amplias. La oposición de grupos agrícolas llevó a reducir el alcance. El resultado final no elimina productos del mercado ni restringe por sí mismo su aplicación y convierte la información en el primer instrumento regulatorio.
La preocupación detrás de la ley es la persistencia de los PFAS y su posible acumulación en el ambiente. Reuters señala que la exposición a algunos compuestos de esta familia se ha relacionado con efectos sobre el sistema inmunitario, colesterol elevado y ciertos tipos de cáncer. La propia ley incorpora hallazgos según los cuales California permite el uso de 53 ingredientes activos clasificados como PFAS. También cita un análisis de datos estatales que estimó alrededor de 2.5 millones de libras aplicadas cada año en cultivos y cerca de 15 millones de libras entre 2018 y 2023.
El hecho confirmado es que California empezará a identificar y medir de forma específica el uso agrícola de PFAS. La inferencia razonable es que mejores datos pueden facilitar futuras evaluaciones sobre exposición, sustitución de productos o nuevas restricciones. Sin embargo, esa regulación adicional todavía no existe. Presentarla como una prohibición sería incorrecto.
Para productores y empresas agrícolas, el cambio inmediato será sobre todo informativo. La disponibilidad pública de listas y tendencias permitirá saber qué productos contienen PFAS y cómo evoluciona su uso. Esa información también puede influir en decisiones de compra, manejo de riesgos y desarrollo de alternativas, especialmente si compradores, reguladores o mercados comienzan a prestar más atención a este grupo de sustancias.
La hipótesis es que California podría usar estos datos para justificar medidas más estrictas en el futuro. Hay antecedentes dentro del propio proceso legislativo que muestran esa intención, pero todavía no hay evidencia suficiente para afirmar qué productos serían afectados ni cuándo. Por ahora, la decisión más importante es otra. Un grupo de pesticidas que antes estaba diluido dentro de los registros generales pasará a tener seguimiento propio y público.
Fuentes: The Packer y Reuters
