En México, muy pocos cultivos cuentan con un permiso que regule cuánto se puede sembrar cada año. La mayoría de los productores decide qué plantar con base en el precio del ciclo anterior, sin ningún mecanismo que les avise si el resto del país está haciendo exactamente lo mismo. Ese vacío es, quizá, el mayor punto de fricción del agro mexicano en materia de planeación, porque convierte a cultivos enteros en apuestas colectivas que casi siempre terminan mal para alguien.
El caso del agave lo demuestra con una claridad incómoda. El Consejo Regulador del Tequila exige registrar cada plantación dentro de la zona de Denominación de Origen, pero ese registro no limita cuánto se siembra, solo lo contabiliza. Hace más de una década ya había 250 millones de plantas registradas en 180 municipios, ocho veces más agave del que la industria requiere en un año, y el propio organismo detectó entre 60 y 80 millones de plantas adicionales fuera de la zona protegida.
La historia no ha cambiado demasiado, porque en 2026 el consumo de agave creció 3% mientras la producción de tequila cayó 1.7%, y la caída sostenida de precios ha llevado a productores a abandonar cultivos, lo que abre la puerta a plagas. El agave tarda entre seis y ocho años en madurar, así que quien siembra hoy apuesta a un precio futuro que nadie puede garantizar, y sin un permiso que module esa siembra colectiva, el campo mexicano repite el mismo tropiezo cada ciclo.
No todos los cultivos viven esa anarquía, y ahí aparece el otro lado del argumento. La caña de azúcar sí tiene un sistema de permiso funcional, ordenado por la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Cada ingenio tiene una zona de abastecimiento definida, un padrón de abastecedores que se actualiza cada año y un contrato uniforme que fija sobre qué superficie exacta se puede sembrar caña para ese ingenio en particular.
Nadie puede simplemente decidir sembrar caña donde quiera, porque sin pertenecer a la zona de abastecimiento y sin contrato aprobado por el comité correspondiente, no hay a quién vender la cosecha. Ese amarre entre siembra y capacidad industrial evita, en buena medida, la sobreoferta descontrolada que sí sufre el agave.
Algo parecido ocurre con el agua, aunque el amarre en este caso no es industrial sino hidrológico. Cada año, la CONAGUA aprueba un plan de riego para cada uno de los 86 distritos de riego del país, que suman 3.3 millones de hectáreas, y ese plan determina qué cultivos y cuánta superficie se pueden sembrar según el agua disponible en presas, pozos y corrientes ese ciclo.
En el Distrito de Riego 005 de Chihuahua, por ejemplo, un déficit de entre 350 y 450 millones de metros cúbicos frente a una demanda anual superior a los mil millones ha obligado a recortar entre 40% y 50% las asignaciones autorizadas. En teoría, ese permiso debería frenar el avance de cultivos que consumen mucha agua.
En la práctica, sin embargo, el amarre hídrico también tiene fugas serias. Se calcula que existen alrededor de 7,000 pozos ilegales solo en Chihuahua, y muchos productores aprovechan una figura legal llamada libre alumbramiento, que permite extraer agua subterránea sin concesión de CONAGUA mientras se avise a la autoridad. Con ese margen, muchos han sustituido cultivos como tomate, chile y maíz por huertas de nogal, uno de los cultivos que más agua consume junto con la alfalfa, simplemente porque la nuez tiene mejor precio y mercado de exportación. El resultado es un abatimiento severo de los mantos subterráneos y hundimientos de suelo, justo lo que el plan de riego buscaba evitar.
Comparar estos tres casos nos permite concluir que el permiso de siembra sí funciona cuando está atado a un límite duro y verificable, como la capacidad de molienda de un ingenio o el volumen de agua disponible en una presa. Falla, en cambio, cuando se queda en un registro administrativo sin consecuencias reales, como ocurre con el agave y muchos otros cultivos, o cuando existe sobre el papel pero la vigilancia no alcanza para hacerlo cumplir, como sucede con los pozos clandestinos. No es que México carezca de herramientas legales para ordenar la siembra por región y por cultivo, porque la caña y el agua demuestran que sí existen modelos que funcionan razonablemente bien.
Lo que falta es extender esa misma lógica de planeación a los cultivos que hoy se siembran sin ningún filtro más allá del precio del año pasado. Un sistema de información pública y oportuna sobre cuánta superficie se está plantando de cada cultivo, algo que el propio Consejo Regulador del Tequila ha señalado como su reto pendiente, podría evitar que miles de productores repitan la misma apuesta al mismo tiempo.
Mientras esa planeación no llegue a cultivos como el agave y a otros con ciclos largos o mercados volátiles, el campo mexicano seguirá viviendo entre la abundancia que hunde los precios y la escasez que dispara el hambre de sembrar de más al ciclo siguiente. El reto no es imponer más permisos por imponerlos, sino diseñar los que realmente logren avisarle al productor lo que nadie le dice hoy, que el resto del país también está sembrando lo mismo que él.
Fuentes consultadas
- Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
- Explota el agave
- La sobreproducción de agave provoca abandono de cultivos y alerta sanitaria en la industria del tequila
- Tequila, Consejo Regulador, clave en el fortalecimiento del tequila
- Agroservicios, Consejo Regulador del Tequila
- Esquemas de contratos agrícolas para la producción de Agave tequilana Weber en la región de tequila, Jalisco
- Estadísticas agrícolas de los distritos de riego, Comisión Nacional del Agua
- Hay alrededor de 7 mil pozos ilegales
- El 60% del cultivo será nogal y alfalfa
