En México hace falta un papel para convertir un bosque en potrero o en tierra de cultivo. Ese papel se llama autorización de cambio de uso de suelo forestal y lo otorga la SEMARNAT. El problema es que casi nadie lo pide. La dependencia autoriza entre 12,000 y 13,000 hectáreas al año en todo el país, una cifra que cabría varias veces dentro de un solo municipio grande. Mientras tanto, el bosque real que desaparece cada año es otra historia, muy distinta y mucho más grande.
Entre 2001 y 2024, México perdió en promedio 203,552 hectáreas de cobertura forestal cada año, según estimaciones de la Comisión Nacional Forestal. De esa cifra, 95% ocurrió sin ningún permiso. Es decir, la excepción legal se volvió invisible frente a la regla real, que es la del monte que se tumba sin pedirle nada a nadie. Ese desfase, entre lo que la ley autoriza y lo que el país efectivamente pierde, es hoy el mayor punto de fricción del agro mexicano, porque no habla de una falla local ni de un estado con mala suerte. Habla de una norma nacional que el propio sistema no logra hacer cumplir.
Antes de repartir culpas conviene mirar por qué se tumba el bosque. Más de 73% de la deforestación se explica por un solo motivo, que es la conversión de terrenos forestales en praderas para ganado. Otro 22% se destina a cultivos agrícolas. Las selvas cálido húmedas concentran 42% de la pérdida, seguidas por las selvas cálido secas con 27% y las sierras templado frías con 17%, de acuerdo con el Programa Institucional de la CONAFOR 2025 a 2030. No es un fenómeno difuso ni misterioso. Tiene nombre, tiene región y tiene, sobre todo, una lógica económica que empuja a productores pequeños y grandes a resolver su necesidad de tierra por la vía más rápida.
Aquí aparece el primer lado de la moneda. Pedir el permiso de cambio de uso de suelo es lento, costoso y exige un estudio técnico justificativo que muchos productores, sobre todo ejidatarios y pequeños ganaderos, no tienen forma de pagar ni de tramitar. Desmontar sin permiso, en cambio, sale prácticamente gratis y sin consecuencias inmediatas. Ese contraste explica buena parte del abismo entre las 12,500 hectáreas legales y las más de 200,000 reales. El sistema no falla solo por falta de voluntad, falla porque el camino legal es angosto y el camino ilegal es ancho.
El segundo lado de la moneda tiene que ver con la capacidad del estado para vigilar. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que debería perseguir el desmonte irregular, cuenta apenas con alrededor de 500 inspectores para cubrir todo el territorio nacional, según declaró en 2025 su propia titular, Mariana Boy. Su presupuesto, además, cayó 43.2% en términos reales entre 2018 y 2026, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación analizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Con esos recursos resulta casi imposible recorrer selvas y sierras que cubren 70% del territorio nacional. La ley existe, pero nadie tiene con qué hacerla respetar en campo.
Y aquí surge una paradoja: mientras el desmonte ilegal avanza casi sin freno, algunos estudios señalan que los productores que sí siguen las reglas terminan sometidos a una vigilancia intrusiva y excesiva, según ha documentado el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. En otras palabras, el sistema castiga más a quien intenta cumplir que a quien decide no pedir permiso. Esa asimetría no es un detalle menor, porque termina por desincentivar la formalidad, justo lo contrario de lo que la política pública debería lograr.
No todo el estímulo perverso viene de la debilidad institucional. Algunos programas de gobierno, con la mejor intención, también empujaron en la dirección equivocada. Entre 2019 y 2021, el programa Sembrando Vida contribuyó a la pérdida de casi 73,000 hectáreas de bosque, de acuerdo con análisis publicados por la organización Crisis Ambiental, porque algunos beneficiarios encontraron un incentivo económico para desmontar y sembrar árboles frutales con apoyo federal. La lección es que no basta con subsidiar la reforestación si al mismo tiempo se abre una puerta para talar y volver a sembrar con apoyo público.
Frente a este panorama, también hay señales de que el enfoque empieza a moverse hacia la raíz económica del problema y no solo hacia el castigo. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural trabaja, con apoyo técnico de organismos de Naciones Unidas, en un proyecto para el sector ganadero que busca transformar las reglas que hoy limitan la adopción de prácticas sostenibles y que ayudan a bajar emisiones de metano y a frenar la deforestación asociada a la ganadería extensiva. Es un cambio de enfoque relevante, porque atiende la causa principal (el ganado) en lugar de perseguir únicamente el síntoma.
Para el sector agroexportador, este debate ya dejó de ser solo ambiental y se volvió comercial. La Unión Europea clasificó a México como país de riesgo estándar bajo su nuevo Reglamento sobre Productos Libres de Deforestación, que entra en vigor en diciembre de 2026 para grandes operadores y en junio de 2027 para pequeñas empresas. Esa norma exige comprobar, con trazabilidad, que el ganado, el café, el cacao y otros productos exportados a Europa no provengan de tierra deforestada después de diciembre de 2020. La propia Secretaría de Agricultura ya negocia con cadenas productivas para garantizar que 100% de su producción cumpla ese estándar. En pocas palabras, el desfase entre lo que México autoriza y lo que realmente deforesta ya no es solo un problema de política interna, también empieza a pesar en el acceso a mercados internacionales.
Ninguno de estos elementos, tomado por separado, cuenta la historia completa. Hay productores que necesitan tierra para vivir y encuentran un sistema de permisos lento e inaccesible. Hay una autoridad ambiental con inspectores y presupuesto insuficientes para vigilar un territorio inmenso. Hay programas públicos que, sin quererlo, incentivaron más desmonte.
Y hay, al mismo tiempo, un mercado internacional cada vez más exigente que empuja hacia la trazabilidad y la formalidad. El reto para México no es elegir entre proteger el bosque o dejar producir al campo, sino diseñar un camino legal tan viable como el ilegal, porque mientras eso no ocurra, el permiso seguirá firmado en el papel y el bosque seguirá cayendo en la práctica.
Fuentes consultadas
- Conversión de terrenos a praderas de ganado causa 73% de deforestación (La Jornada)
- México plantará 6.6 millones de árboles, reto histórico (Ecoosfera)
- Nuestros bosques, un desafío para la nueva administración (Nexos, Crisis Ambiental)
- Deforestación en México, propuestas para una agenda nacional (Pronatura Sur)
- Presupuesto de la Profepa cae 43.2% desde 2018 (El Informador)
- Cemes, nula autonomía y poco presupuesto e inspectores limitan actuación de Profepa (La Jornada)
- DataBosques, Comisión Nacional Forestal
- Acompaña México a productores ante nueva regulación ambiental de la Unión Europea (SPR Informa)
- Reglamento de la UE sobre deforestación, EUDR (Plataforma AGRINFO)
