El campo mexicano lleva años tropezando con la misma piedra y esperando que, en algún momento, el golpe deje de doler. La cadena que va del surco al plato sigue funcionando bajo las mismas reglas de intermediación excesiva, dependencia de monocultivos vulnerables al clima y resistencia a modernizar procesos, mientras los resultados (cosechas menores, ingresos exprimidos y consumidores que pagan cada vez más) se repiten casi con puntualidad calendario.
El problema no es nuevo ni sorprende a nadie dentro del sector, y sin embargo ahí sigue, intacto, como si nombrarlo cada año fuera suficiente para resolverlo.
El síntoma más doloroso, el que más fricción genera entre productores y consumidores, es la distancia que existe entre lo que se paga en el campo y lo que se cobra en el anaquel. Datos del director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas señalan que el jitomate puede salir del campo con un precio aproximado de 17 pesos por kilogramo y llegar al consumidor hasta en 60 pesos, lo que representa un margen de comercialización superior al 220%.
En otro corte reciente, mientras en el campo el jitomate pasó de 14.50 a 17 pesos por kilo entre marzo y abril, en el mercado al consumidor el salto fue de 43.24 a 55.50 pesos por kilo, es decir, el alza se sintió mucho más fuerte en el anaquel que en la parcela.
El patrón no es exclusivo del jitomate; un análisis de márgenes de comercialización revela que productos como limón, aguacate, naranja, cebolla y chile jalapeño se encarecen hasta 500% del campo a la mesa, casi siempre por cuellos de botella logísticos y por intermediarios que concentran la mayor tajada de la ganancia. Ese desequilibrio golpea dos veces, primero al productor que no logra cubrir sus costos, y después al consumidor que paga una canasta básica inflada por eslabones que no siempre agregan valor real.
Aquí conviene detenerse, porque la tentación de simplificar el diagnóstico es enorme y sería injusto. No todo el mal del agro es culpa de los intermediarios, ni toda la solución está en eliminarlos. La comercialización, cuando funciona bien, resuelve un problema genuino, el de conectar cosechas dispersas y estacionales con ciudades que demandan abasto constante durante los 365 días del año.
El problema surge cuando esa función se distorsiona por falta de competencia, por costos logísticos disparados o, como lo ha señalado el propio GCMA, por extorsiones que se suman a la cuenta final. Ese matiz importa, porque atacar el síntoma sin entender la causa lleva a políticas públicas que castigan a toda la cadena en lugar de corregir los puntos donde realmente se concentra la distorsión.
Y aquí aparece la inercia, ese hábito de repetir el mismo camino esperando un desenlace distinto. Los programas de apoyo al campo han cambiado de nombre y de sello administrativo varias veces en las últimas dos décadas, pero rara vez han cambiado de enfoque. En años recientes se eliminaron alrededor de 16 programas que ayudaban a los productores, mientras que Sembrando Vida, el programa que los sustituyó en buena parte, solo apoya a microproductores y deja desamparados a otros segmentos del campo.
El resultado es previsible. La producción agropecuaria alcanzó un nivel histórico de 294 millones de toneladas en 2022, cayó a 293 millones en 2023 y a 281.5 millones en 2024, con especialistas anticipando las peores cosechas en siete años para 2025. México pasó del noveno al décimo lugar entre los mayores productores de agroalimentos del mundo, con perspectivas de un tercer año consecutivo de caída.
La inercia también tiene otra cara, menos visible pero igual de costosa, la del productor que desconfía de innovar porque ya ha visto fracasar demasiados programas. Una productora sinaloense lo resumió al hablar de la resistencia que los propios productores y sus organizaciones han tenido para innovar en cuestiones agrícolas, más allá de los cambios de gobierno y de colores partidistas. No se trata solo de tercos que se niegan al cambio, sino de una relación de desconfianza construida durante décadas.
Estudios sobre adopción tecnológica en el maíz mexicano documentan que factores como el limitado acceso al crédito, la escasa información disponible, la aversión al riesgo, el tamaño inadecuado de la parcela y la incertidumbre en la tenencia de la tierra limitan el proceso de innovación en el sector agrícola. Dicho de otra forma, no basta con regalar tractores o semillas mejoradas si el productor no tiene certeza de que podrá pagar el siguiente ciclo o de que su tierra seguirá siendo suya.
La adopción de tecnología no siempre implica un uso eficiente de la misma, porque los pequeños productores reciben apoyos para adquirir maquinaria e insumos, pero la escasa capacitación impide que las innovaciones se apliquen correctamente. El gobierno entrega la herramienta, pero rara vez enseña a usarla, y ese hueco entre entrega y capacitación es, en sí mismo, otra forma de la misma inercia.
Tampoco sería honesto ignorar los avances puntuales que sí existen y que desmienten la idea de un campo completamente estancado. Ya se implementan plataformas digitales con inteligencia artificial que analizan datos climáticos, del suelo y satelitales para dar recomendaciones personalizadas al agricultor, y en algunos estados la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural busca expandir sistemas de monitoreo de agua y fertilizantes en regiones como Sinaloa para impulsar prácticas más sostenibles.
Hay productores organizados, cooperativas de exportación y clústeres agroindustriales que han roto el molde y compiten con éxito en mercados internacionales, prueba de que el atraso no es un destino inevitable sino, en buena medida, una elección de política y de incentivos.
El agua, mientras tanto, actúa como acelerador de todos los problemas anteriores. Para 2025 se estima una reducción considerable en la superficie de siembra de maíz en Sinaloa, el granero de México que aporta entre 20-25% de la producción nacional, en gran parte por la sequía. México enfrenta una caída del 48% en la producción de trigo, con Sonora registrando un desplome del 84%, y el país prácticamente no produce soya y depende totalmente de las importaciones. La combinación de clima adverso, financiamiento insuficiente y políticas que llegan tarde no es casualidad meteorológica, es el resultado acumulado de decisiones postergadas durante años.
La pregunta de fondo, entonces, no es si el agro mexicano funciona mal, porque las cifras ya lo confirman con suficiente claridad. La pregunta es por qué el diagnóstico se repite idéntico año tras año sin que la receta cambie de fondo.
Parte de la respuesta está en la política pública, que prioriza anuncios de corto plazo sobre reformas estructurales de largo aliento, y parte está en un sector productivo fragmentado que, ante la incertidumbre, prefiere lo conocido aunque sea insuficiente, antes que arriesgarse a un cambio cuyo beneficio no está garantizado.
Romper esa inercia exigirá algo más incómodo que otro programa con nombre nuevo, exigirá que gobierno, productores y cadena de distribución acepten que la receta actual ya dio todos los resultados que podía dar, y que insistir en ella solo garantiza más de lo mismo.
- Industria Agrícola en México 2025
- Coordinación de políticas públicas para producción agrícola en 2025 – Mexicampo
- La Jornada – Producción agrícola, en picada
- GCMA: El Agro Mexicano al Límite en 2025 – Agronauta Podcast
- Determinantes de la adopción de innovaciones entre productores citrícolas de Veracruz
- Influencia de adopción de tecnología y la mano de obra en la eficiencia productiva en el sector agrícola de México, 1979-2014
- Líder Empresarial: Canasta básica supera la inflación, intermediarios, costos y volatilidad agrícola
- La Jornada – El precio del jitomate se triplica entre el campo y el consumidor
- La Jornada – Intermediación encarece hasta 500% productos agrícolas, señala GCMA
