El campo mexicano tiene un problema más potente que cualquier sequía o plaga: Ocho de cada diez personas que trabajan la tierra lo hacen en la informalidad. Durante el primer trimestre de 2025, la informalidad laboral entre trabajadores agrícolas alcanzó 83.3%, casi 30 puntos porcentuales por encima del promedio nacional. Eso significa jornaleros sin seguridad social, sin certeza de un salario digno y, en un 60.5% de los casos según cifras del Coneval, viviendo en situación de pobreza.
A esto se suma una discusión que lleva años sobre la mesa, que es que el sector primario paga menos impuestos que casi cualquier otro sector de la economía, gracias a exenciones de ISR para ingresos de hasta 900 mil pesos anuales y tasas de IVA en cero para buena parte de sus productos. La pregunta es: ¿Por qué no atar esos beneficios fiscales al cumplimiento de normas de inocuidad, trato laboral y sustentabilidad? Quien cumpla, que pague menos; quien no, que pague más.
La idea tiene una lógica difícil de rebatir en el papel. Si el Estado ya renuncia a una parte importante de la recaudación del campo (con el argumento histórico de que es un sector estratégico y vulnerable a golpes climáticos y de mercado), condicionar ese sacrificio fiscal a resultados verificables no suena descabellado. Sería, en esencia, dejar de regalar el beneficio y empezar a cobrarlo con “buen comportamiento”.
Un productor que garantice trazabilidad, que respete jornadas y salarios, que invierta en agua y suelo, tendría un incentivo económico tangible para seguir haciéndolo bien; uno que subcontrate de manera irregular, que exponga a sus trabajadores o que descuide la inocuidad, vería subir su carga tributaria o perdería el acceso a créditos y devoluciones que hoy da por sentados, como el crédito al diésel agropecuario o la devolución de saldos a favor de IVA.
Y no es una idea que México tendría que inventar desde cero. La Unión Europea lleva más de veinte años operando algo parecido bajo el nombre de condicionalidad, dentro de su Política Agrícola Común. Desde la reforma de 2003, los pagos directos a los agricultores europeos dejaron de estar ligados solo a la producción y pasaron a depender del cumplimiento de reglas de buenas condiciones agrarias y medioambientales, además de requisitos de salud pública, bienestar animal y, más recientemente, derechos laborales de los trabajadores del campo. Quien no cumple, sufre reducciones o suspensiones en sus ayudas; quien cumple, conserva el subsidio completo.
El sistema no es perfecto ni ha estado libre de fricción, pues ante las protestas masivas de agricultores en varios países europeos, la Comisión Europea tuvo que flexibilizar la condicionalidad, reducir a la mitad las visitas de inspección y eximir de controles a las explotaciones menores a diez hectáreas. Es decir, incluso el modelo más maduro de incentivos y castigos agrícolas del mundo ha tenido que ceder ante la carga administrativa que impone a los productores pequeños.
En otras palabras, la idea es buena sobre papel, pero en la práctica, ha hecho que la Unión Europea pierda competitividad agrícola.
Aquí aparece el otro lado de la moneda, y es donde el debate mexicano se vuelve genuinamente complicado. El campo no es un bloque homogéneo. Hay una diferencia abismal entre el agronegocio exportador de Sinaloa o Baja California, con capacidad para certificarse, litigar y absorber costos administrativos, y el ejidatario de Oaxaca o Guerrero que siembra maíz de subsistencia en media hectárea.
Un sistema de castigos fiscales mal diseñado corre el riesgo de golpear justamente a quien menos margen tiene para cumplir con papeleo, auditorías o inversión en infraestructura de inocuidad, mientras que el productor grande, con departamento legal y de cumplimiento, sale beneficiado casi por default.
Baja California Sur y Nuevo León ya muestran tasas de informalidad agrícola de apenas 54-55%, frente al 90% de Tamaulipas u Oaxaca, lo que sugiere que la capacidad de formalizarse está más ligada a la escala y el tipo de agricultura que a la voluntad del productor. Castigar parejo a estructuras desiguales no corrige la desigualdad, la profundiza.
También está el argumento de quienes defienden el statu quo fiscal como una política deliberada, no como un descuido. El régimen simplificado de confianza y las facilidades para actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras existen, según el propio marco normativo, precisamente porque el sector primario aporta un porcentaje reducido del PIB en proporción a la población que emplea, y porque enfrenta riesgos que otros sectores no cargan de la misma forma.
Bajo esa lectura, quitarle beneficios a quien no certifique procesos de inocuidad no sería una corrección de justicia fiscal, sino un impuesto adicional sobre un sector que ya opera con márgenes delgados y que, en última instancia, terminaría trasladando ese costo al precio de los alimentos.
Hay, sin embargo, un dato que no favorece a quienes prefieren dejar las cosas como están: La informalidad laboral en el campo no solo es un problema ético, es un problema de competitividad.
Por ejemplo, el propio Consejo Agrícola de Baja California advirtió en agosto de 2025 que la informalidad se ha vuelto un problema estructural que pone en riesgo tanto los derechos de los trabajadores como la capacidad exportadora de la región, porque compite en condiciones desiguales frente a productores que sí cumplen.
Y con la reciente modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea, que incluye compromisos vinculantes en materia laboral y ambiental, el reclutamiento irregular de jornaleros dejó de ser solo un asunto interno para convertirse en una condición de acceso a mercados internacionales.
Eso cambia el cálculo, pues ya no se trata únicamente de si México quiere premiar o castigar a su propio campo, sino de si el campo mexicano podrá seguir vendiendo afuera sin demostrar que cumple.
Un sistema de incentivos y castigos, entonces, no es una mala idea ni una panacea; pero es una herramienta que exige diseño fino. Funciona en Europa porque se ajusta constantemente, distingue tamaños de explotación y ha aprendido, a fuerza de protestas, a no ahogar en burocracia a quien menos puede pagarla.
Para México, el reto no es decidir si el campo merece castigos por incumplir o premios por cumplir (esa parte del argumento ya tiene evidencia suficiente a favor), sino construir un sistema que distinga entre el agronegocio que puede certificarse mañana mismo y el jornalero o ejidatario que necesita años de acompañamiento técnico antes de poder cumplir cualquier norma. Sin esa distinción, el incentivo se convierte en privilegio para los grandes y castigo para los pequeños, exactamente lo contrario de lo que se buscaba resolver.
Fuentes consultadas:
- Exenciones fiscales en el sector primario en México
- La nueva exención en el ISR para las personas físicas del sector agropecuario
- AGAPES 2024 | Régimen Fiscal, Facilidades y Estímulos Fiscales
- Condicionalidad agraria: Las normas que se deben cumplir para no perder las ayudas de la PAC
- Política Agrícola Común de la Unión Europea – Wikipedia
- Acciones de la UE para responder a las preocupaciones de los agricultores
- Trabajadores en Actividades Agrícolas: Salarios, diversidad, industrias e informalidad laboral | Data México
- Jornaleros agrícolas en México y derechos humanos
- Aumento de la Informalidad en el sector agrícola de San Quintín afecta la competitividad: CABC
- 5.2 millones de personas trabajaban en la informalidad dentro del sector agropecuario
