La Asamblea Nacional francesa aprobó esta semana, con 296 votos a favor y 224 en contra, una ley agrícola de emergencia que permite reintroducir de forma excepcional dos insecticidas prohibidos en el país desde 2018 y 2019: El acetamiprid y la flupiradifurona.
La norma faculta a la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria para autorizar, bajo criterios estrictos, el uso de ambas sustancias en un número limitado de producciones agrícolas afectadas por dificultades económicas, en espera de la ratificación del Senado y de un previsible recurso de la oposición ante el Consejo Constitucional.
El problema de fondo, sin embargo, no es una simple disputa entre partidos. Es la evidencia de que buena parte del campo francés y europeo ha llegado a un punto en el que ya no puede sostener, sin ayuda, el modelo de producción que la propia Unión Europea le pidió adoptar.
En Europa los agricultores que cumplieron con reglas cada vez más exigentes se sienten atrapados entre una transición ecológica que no ha terminado de pagarles y una competencia externa que no juega con las mismas reglas. La paradoja resulta evidente cuando se revisa el calendario regulatorio, ya que mientras Francia prohibió ambas sustancias por decreto hace más de seis años, la Unión Europea mantiene autorizado el acetamiprid hasta 2033, con límites de uso cada vez más estrictos, y la flupiradifurona hasta 2029.
Es decir, no se trata de sustancias ilegales en el bloque comunitario, sino de una prohibición nacional más severa que la europea, ahora parcialmente revertida ante la presión de sectores como la remolacha azucarera o el avellano, golpeados por plagas que otros países sí combaten con estos productos.
¿Significa esto que la tendencia de producción ecológica ha sido un fracaso en Europa? No exactamente, pero sí un objetivo que avanza mucho más despacio de lo prometido. La superficie ecológica de la Unión Europea E ronda apenas el 8-9% del total agrícola, cuando la meta de la estrategia “De la Granja a la Mesa” es llegar al 25% en 2030, lo que exigiría un crecimiento anual cercano al 11%, un ritmo que ningún país del bloque ha sostenido de forma consistente.
España, que lidera la producción ecológica europea en superficie, apenas alcanza el 12.5% de su superficie agrícola útil, mientras que el consumo interno de productos ecológicos sigue estancado en un 3.5% del total alimentario, muy lejos de compensar el esfuerzo productivo.
Y hay otro dato: Organizaciones ambientales denuncian que el uso real de plaguicidas en la Unión Europea se ha estancado en lugar de reducirse a la mitad como prometía el Pacto Verde, presuntamente por presiones de la industria tras la invasión rusa a Ucrania y por un sistema de medición que maquilla las cifras. No es que lo ecológico haya fracasado como concepto, es que se topó con una demanda de consumo insuficiente, unos costos de conversión altos y un calendario político que prometió más de lo que el mercado estaba dispuesto a pagar.
¿Acaso los agricultores no cuentan con herramientas adecuadas, o por qué regresan a los agroquímicos? La respuesta es mixta. Existen alternativas biológicas y de manejo integrado de plagas, pero muchas siguen siendo más caras, menos eficaces contra ciertas plagas emergentes (sin un sistema preventivo completo) o simplemente no están disponibles a la escala que exige un cultivo comercial.
El caso del acetamiprid es ilustrativo. Se usa contra el pulgón que transmite virus a la remolacha azucarera, un problema que dejó sin alternativa eficaz a miles de productores franceses tras la prohibición de los neonicotinoides.
No es que los agricultores rechacen la innovación; es que, en ausencia de sustitutos igualmente eficientes y asequibles, la balanza entre proteger la cosecha o perderla se inclina hacia lo conocido, aunque eso implique un retroceso regulatorio que indigna a científicos y organizaciones ambientales, que advierten sobre el impacto de estas sustancias en la biodiversidad y en la salud humana.
Y llegamos al núcleo de la fricción… ¿No pueden competir los agricultores europeos con productores de otros países en su propio mercado? Aquí la evidencia es contundente y explica buena parte de la frustración que empuja leyes como la francesa. El agricultor europeo no puede usar ciertas sustancias, pero sí compite con productos importados cultivados con ellas; aunque se respeten los límites máximos de residuos, el diferencial de costos y eficacia es real, y esto genera enorme competencia, presión a la baja sobre los precios de origen y una sensación de agravio comparativo en el sector.
Es más, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur ha intensificado ese malestar, porque aunque los productos importados deben cumplir legalmente las normas europeas, los propios agricultores denuncian una falta de controles reales que abre la puerta a la competencia desleal.
Y no se trata solo de productores ecológicos. Incluso agricultores convencionales llevan tiempo señalando la contradicción de tener que cumplir normas cada vez más estrictas en pesticidas y bienestar animal mientras compiten con importaciones de regiones con mano de obra más barata y exigencias ambientales menores. Por eso las organizaciones agrarias reclaman “cláusulas espejo” que obliguen a los productos importados a cumplir los mismos estándares exigidos puertas adentro, una demanda que hasta ahora Bruselas ha atendido solo de forma parcial, vetando residuos de tres fungicidas concretos.
La complejidad del agro europeo está precisamente en que ninguna de estas verdades anula a la otra. Es cierto que reintroducir insecticidas vinculados a la mortalidad de abejas y a la contaminación de acuíferos representa un riesgo ambiental real, como advierten científicos y agencias regulatorias. Pero también es cierto que exigir a un sector transformaciones profundas sin garantizar mercado, precio justo ni protección frente a importaciones con menores estándares es una receta para el resentimiento y, eventualmente, para el retroceso regulatorio que acaba de aprobar París.
La ley francesa no resuelve ese dilema; apenas lo pospone, delegando en una agencia técnica decisiones que son, en el fondo, profundamente políticas. Mientras la Unión Europea no logre equilibrar ambición ambiental con viabilidad económica y reciprocidad comercial, seguiremos viendo estos vaivenes de prohibiciones nacionales que se adelantan a Bruselas, y leyes de emergencia que luego las revierten bajo presión del campo. El verdadero desafío no es elegir entre ecología y productividad, sino diseñar un marco donde ambas dejen de competir entre sí.
Fuentes consultadas:
- La ley de emergencia agrícola se aprueba: vuelven dos pesticidas bajo condiciones
- Europa prorroga sustancias de protección de cultivos hasta 2029
- La Asamblea francesa aprueba la ley agrícola de emergencia con dos polémicos pesticidas
- Asamblea francesa aprueba ley agrícola de emergencia que permite uso de pesticidas prohibidos
- Europa quiere que el 25% de la agricultura en 2030 esté en ecológico: ¿un objetivo posible?
- España lidera la agricultura ecológica en Europa, pero el sector necesita un plan estratégico más allá de 2030
- Eurostat destapa el estancamiento de los plaguicidas en la UE
- Prohibidos en la Unión Europea pero exportados al Mercosur: Europa y su acostumbrada doble moral
- Pesticidas prohibidos que vuelven a tu plato: lo que no te cuentan del acuerdo UE-Mercosur
- Las sustancias peligrosas prohibidas en Europa y permitidas en Mercosur
