El problema no es que Estados Unidos promueva el consumo de lo que produce. El problema es que México enfrenta esa estrategia sin una política de la misma fuerza, continuidad y claridad para respaldar a sus productores.
Mientras Washington convierte el origen estadounidense en un atributo comercial, México sigue confiando demasiado en que la apertura del mercado y la calidad de sus alimentos bastarán para conservar espacios que cada vez se disputan con más instrumentos públicos.
La nueva expansión de la etiqueta voluntaria “Product of USA” ilustra esa asimetría. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) incorporó en julio de 2026 a diez empresas cárnicas y avícolas adicionales a una iniciativa que permite identificar productos procedentes de animales nacidos, criados, sacrificados y procesados enteramente en ese país. A esto se suma un programa de hasta 500 millones de dólares para fortalecer a procesadores pequeños y medianos de carne de res.
La señal para el mercado es difícil de ignorar: Comprar carne estadounidense se presenta como una forma directa de apoyar ranchos, plantas procesadoras y comunidades rurales de Estados Unidos.
Estados Unidos está en todo su derecho de hacerlo. Un consumidor debe poder saber de dónde viene un alimento y distinguir entre un producto nacional y uno importado. La regla, además, es voluntaria; es decir, no prohíbe la entrada de carne mexicana ni impone por sí misma un arancel. También corrige una ambigüedad histórica, pues ahora la declaración “Product of USA” exige que la cadena productiva ocurra completamente en territorio estadounidense. Desde la perspectiva de transparencia, trazabilidad y protección al consumidor, la medida tiene argumentos legítimos.
Pero sería ingenuo reducirla a una simple etiqueta informativa. Cuando una política es promovida por el gobierno, respaldada por campañas oficiales y acompañada de financiamiento para ampliar la capacidad de procesamiento, el origen deja de ser solo un dato y se transforma en una ventaja de mercado.
Las cadenas de autoservicio, restaurantes, distribuidores y compradores institucionales pueden comenzar a privilegiar productos que porten el sello, aunque ninguna ley los obligue. Lo voluntario para el productor puede convertirse, poco a poco, en una expectativa comercial para toda la cadena. Esa es precisamente la presión competitiva que ha señalado el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.
Ese riesgo importa porque México y Estados Unidos no sostienen una relación agroalimentaria marginal. En 2025, el comercio agrícola bilateral alcanzó alrededor de 74,500 millones de dólares. Estados Unidos importó productos agroalimentarios mexicanos por 43,900 millones y exportó a México cerca de 30,600 millones. México representó 20.7% de las importaciones agrícolas estadounidenses y 17.9% de sus exportaciones. Son mercados profundamente conectados, pero también expuestos a cualquier política que modifique las preferencias del consumidor o las condiciones de acceso.
La integración, además, es complementaria. Cerca de tres cuartas partes de lo que Estados Unidos vende a México se concentra en granos, oleaginosas, carnes y productos relacionados. En sentido contrario, más de 70% de las importaciones estadounidenses procedentes de México corresponde a hortalizas, frutas, bebidas y destilados. Esta estructura explica por qué una respuesta mexicana basada únicamente en cerrar importaciones sería contraproducente. México necesita maíz amarillo, oleaginosas, carne, lácteos e insumos estadounidenses para alimentar a su población y sostener cadenas pecuarias y agroindustriales. Una guerra de preferencias nacionales elevaría costos en ambos lados de la frontera.
Sin embargo, la interdependencia no obliga a México a permanecer pasivo. En el mercado de la carne, el precedente es especialmente sensible. En 2024, México aportó 13% de las importaciones estadounidenses de carne de res y alrededor de 62% de sus importaciones de ganado. Una distinción comercial que premie exclusivamente a los animales nacidos y criados en Estados Unidos puede restar valor al ganado mexicano dentro de cadenas que durante décadas funcionaron de manera regional. El daño no tendría que aparecer como una prohibición; bastaría con descuentos, segregación de inventarios, mayores costos de trazabilidad o menor disposición de compra.
México debe defender esa integración cuando existan indicios de discriminación efectiva, pero no debería limitarse a reclamar. El argumento más sólido no es pedir que Estados Unidos deje de apoyar a sus productores, sino construir condiciones equivalentes para los mexicanos.
El Plan México ya establece que 50% de las compras públicas deberán ser de producción nacional y plantea fortalecer el mercado interno y la soberanía alimentaria. La dirección es correcta, aunque el verdadero desafío será convertir la meta en contratos, calendarios, presupuestos y mecanismos accesibles para productores pequeños y medianos.
Una estrategia mexicana tendría que comenzar con un sistema confiable de identificación de origen. “Hecho en México” no debe ser únicamente un logotipo general, sino una garantía verificable de dónde se produjo, transformó y empacó el alimento.
La trazabilidad permitiría que el consumidor elija con información y que los productores nacionales capturen mayor valor. También ayudaría a diferenciar alimentos mexicanos por región, calidad, prácticas productivas, sanidad y sostenibilidad, en lugar de competir solamente por precio.
El segundo instrumento son las compras públicas. Escuelas, hospitales, fuerzas armadas, programas alimentarios y tiendas gubernamentales pueden convertirse en compradores estables de granos, lácteos, carne, frutas y hortalizas nacionales. Pero las reglas deben evitar que el beneficio termine concentrado en unos cuantos intermediarios. Se requieren licitaciones regionales, pagos oportunos, contratos anticipados, estándares alcanzables y plataformas que permitan participar a organizaciones de productores. Comprar mexicano sin resolver logística, almacenamiento y financiamiento solo cambiaría el discurso, no la realidad.
El tercer frente es la capacidad productiva. Estados Unidos no se limita a pedir patriotismo al consumidor; invierte en infraestructura de procesamiento. México tendría que acompañar la promoción del consumo local con infraestructura de sacrificio, empacado, refrigeración, transporte, certificación y valor agregado. Sin plantas competitivas y cadenas de frío suficientes, una campaña nacionalista puede aumentar la demanda sin que el productor esté en condiciones de abastecerla o capturar el margen.
También hace falta una campaña permanente que explique lo que se sostiene cuando se compra un alimento mexicano: Empleo rural, actividad regional, recaudación, seguridad alimentaria y continuidad productiva. No se trata de desacreditar lo importado ni de culpar al consumidor que busca precio. Se trata de hacer visible el costo de abandonar la producción nacional y de ofrecer productos competitivos, seguros y disponibles.
La respuesta inteligente al “Buy American” no es copiar su proteccionismo más agresivo, sino aprender de su coherencia. Estados Unidos combina identidad, información, financiamiento y política industrial. México no debe pedir permiso para hacer lo mismo dentro de sus compromisos comerciales.
Defender el consumo nacional no significa cerrar la frontera; significa evitar que el productor mexicano compita solo mientras sus socios compiten acompañados por su gobierno. La apertura comercial puede seguir siendo una fortaleza, pero únicamente si México también fortalece el mercado que tiene en casa.
Fuentes consultadas:
• Estados Unidos refuerza Buy American y aumenta la presión sobre el agro mexicano
• USDA anuncia la incorporación de diez empresas a Product of USA
• Estándar oficial Product of USA
• Comercio agrícola entre México y Estados Unidos
• Panorama del sector estadounidense de ganado y carne de res
• Plan México
• Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá
