En México la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tiene alrededor de 2,000 trámites rezagados de plaguicidas o nutrientes vegetales, una problemática que acarrea desde 2018 y que se acentuó con la pandemia, debido a que el proceso burocrático se vio afectado por cambios en la administración interna.
Además, hay que considerar que ese número de trámites corresponden solo al tema de agricultura, pues también hay que sumar los trámites que requieren productos de los ramos alimenticio, bebidas y tabaco, por lo que, si no se toman cartas en el asunto pronto, podrían surgir problemas graves en el sector agroalimentario.
La situación, según indica la OCDE, en su informe “Gobernanza regulatoria en el sector de plaguicidas en México”, es que el marco regulatorio de plaguicidas existe y es exhaustivo, pero está disperso a través de varios instrumentos, por lo que la recomendación es crear una ley federal única que aborde el tema.
De hecho, se menciona que en la actualidad existen 6 leyes relacionadas con la aprobación de plaguicidas, a las que hay que sumarle alrededor de 30 normas oficiales sobre el mismo tema, lo que, por supuesto dificulta la coordinación entre las distintas autoridades, lo que termina afectando a quienes requieren hacer trámites.
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