En algunas zonas del país hasta un 25-30% de los plaguicidas que se comercializan son falsos, adulterados y piratas, señala Luis Eduardo González, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC).
Este es un grave problema sobre el cual desconocemos realmente los alcances que tiene, pues no existen cuantificaciones sobre el daño económico, social y ambiental que se está generando, además de que las autoridades no han tomado medidas importantes al respecto.
Las categorías de agroquímicos ilegales
Según la UMFFAAC, existen cinco categorías de agroquímicos ilegales: los que no tienen registro, los falsificados o piratas, los adulterados o reetiquetados y los que entran de contrabando por las aduanas mexicanas. Cada uno de estos representa determinados riesgos.
Para que un agroquímico se pueda comercializar en el país, se requiere que tenga la autorización sanitaria que otorga la Cofepris, que a su vez requiere la opinión de las Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
La Cofrepris informó que en 2020 se aseguraron 108.3 toneladas de plaguicidas y nutrientes vegetales ilegales, lo que representó la cifra más baja en los últimos cinco años, y esto llama la atención pues se sabe que cada año está aumentando el comercio de agroquímicos ilegales.
El papel de las redes sociales
Si uno busca en las redes sociales plaguicidas en venta es muy fácil encontrar varios perfiles y grupos que se dedican a esta actividad, siendo que al comprar a través de estos canales es muy difícil para los clientes verificar la autenticidad de los productos que se ofrecen.
Por esta razón las redes sociales se han convertido en el medio de venta preferido para quienes se dedican a vender agroquímicos ilegales, pues los agricultores, por querer ahorrarse algunos pesos, buscan quien oferta los productos que necesitan a un menor precio.
La cuestión es que los agricultores terminan siendo estafados, pues no adquieren aquello por lo que están pagando, lo que deriva en una pérdida de la productividad debido a que creen que están llevando determinado manejo, cuando en realidad no es así.
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La vigilancia del cumplimiento de las leyes, es materia de las autoridades del sector. No quieren o no pueden?
Es interesante tu pregunta Luis. Yo creo que el problema les ha superado, como ha ocurrido en todo el mundo, porque la problemática no es solo nacional. Yo creo que no hay mecanismos para hacer frente de manera correcta a la situación, al menos de momento, por lo que habría que comenzar a desarrollarlos.