En su reporte “Gobernanza regulatoria en el sector de plaguicidas en México” de 2021, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indica que el proceso de registro de plaguicidas en el país es lento y caro, con requisitos excesivos dispersos en unas 30 normas distintas y generando graves problemas ambientales.
En el documento también se indica que el sistema nacional de gestión de plaguicidas no cumple con los estándares de las buenas prácticas internacionales en este tema, además de que es un sector que no está recibiendo suficiente atención de las autoridades, poniendo en riesgo la salud humana y la protección de las cosechas.
Actualmente el trámite para registrar un plaguicida puede durar, como mínimo, un año, y las organizaciones de formuladores y distribuidores indican que hay unos 5,000 trámites atrasados, tan solo en el área de plaguicidas, lo que de cierta manera está dejando desprotegido al sector agrícola.
Gran parte de esta problemática se debe a que 3 dependencias tienen poder de decisión sobre los registros, que son regulados por 6 leyes federales, 14 reglamentos y 30 normas oficiales mexicanas, por lo que urge una estrategia nacional que consolide toda esta normativa en un solo reglamento.