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Análisis de un posible impuesto a los plaguicidas en México

Agricultura Agroquímicos

Soy consciente de que la producción agrícola actual no sería viable sin la aplicación de plaguicidas, pero su uso ha sido tan desmedido que la cantidad de estos productos que se utiliza en la actualidad seguramente es mucho mayor a la que realmente se debería aplicar.

El uso indiscriminado de insecticidas, fungicidas y herbicidas está causando daños considerables a la salud humana y a la vida silvestre, pero debido a que el uso excesivo no se penaliza de alguna manera en México, entonces no hay consecuencias y nadie se hace responsable.

La situación actual en México

México ha sido un activo participante en los acuerdos internacionales relacionados con sustancias tóxicas, siendo firmante desde 2003 en el Convenio de Estocolmo, el cual trata sobre los contaminantes orgánicos persistentes.

Además, también participa desde 2005 en el Convenio de Roterdam, sobre el consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional.

Sin embargo, la estrategia política mexicana ha consistido en prohibir el uso de las sustancias más dañinas, y aunque se han prohibido varias, todavía se permiten plaguicidas que ya han sido prohibidos en otros países, como paraquat, lindano, paratión, malatión y endosulfán.

El problema de esta estrategia política es que ha quedado muy limitada, pues no estimula el desplazamiento gradual y la sustitución de los plaguicidas más tóxicos, debido básicamente a una falta de incentivos que impulsen al sector agrícola a hacerlo.

En este sentido, un impuesto ambiental a los plaguicidas con base en su toxicidad, parece ser la opción más adecuada para comenzar a evitar su uso desmedido. Esta es una cuestión que lleva aplicándose varios años en países europeos, siendo Dinamarca el caso más exitoso.

¿Un impuesto a los plaguicidas?

En México la política ambiental relacionada con la utilización de los plaguicidas agrícolas se ha enfocado casi en su totalidad a prevenir el daño, algo en lo que se ha fallado, a lo cual hay que sumar que las acciones para reparar el daño ya hecho son prácticamente inexistentes.

Dinamarca, Suecia, Francia y Noruega han establecido de manera exitosa un sistema de impuestos a los plaguicidas, con un nivel de diferenciación de acuerdo a su nivel de toxicidad, basándose en los principios: «quien contamina paga» y «quien lo usa paga».

En Dinamarca, el primer plan gubernamental de acción contra los plaguicidas 1986-1997, fue puesto en marcha debido a un incremento desmedido en su uso y a la seria disminución de la vida salvaje en las cercanías de los terrenos agrícolas.

Los lineamientos de este plan inicial fueron dos: actividades de asesoramiento a los productores e investigación en métodos de reducción de plaguicidas. Curiosamente durante el primero año de implementación no solo no disminuyó el uso de plaguicidas, sino que aumentó.

Entonces poco a poco se implementaron otras medidas, como la certificación de los aplicadores a través de un curso presencial, el registro en cuadernos de aplicaciones y las inspecciones aleatorias, medidas cuyo resultado fue positivo pero muy lejos de lo esperado.

Entre 1997 y 1999 se analizaron los resultados del primer plan y se encargó un estudio independiente, para así establecer el segundo plan de acción contra los plaguicidas 2000-2003, en el cual destacó el impulso a las alternativas ecológicas, financiadas por el gobierno.

El tercer plan de acción contra los plaguicidas 2004-2009 fue mucho más amplio, incluyendo la contaminación de las aguas, los residuos en los alimentos y el cuidado de la biodiversidad, para lo cual se implementaron varios métodos en conjunto.

Sin embargo, el impuesto a los plaguicidas que data de 1996, uno de los más drásticos de Europa, es el método más destacable en cuanto a los resultados positivos obtenidos, siendo la base de su éxito el hecho de que es retornado a los agricultores en forma de apoyos de diversos tipos.

Cabe mencionar que desde que se comenzó a aplicar hasta el día de hoy, dicho impuesto no ha estado libre de críticas, en especial porque en su momento se aplicaba sobre el valor del plaguicida, y no por sobre el daño del plaguicida, lo que se ha cambiado.

Desde 2013 dicho impuesto es aplicado a los plaguicidas según su nocividad, considerando tres factores: impacto a la salud humana, impacto ambiental y comportamiento ambiental, por lo que es un impuesto que puede llegar a niveles muy elevados.

Lecciones de los casos europeos

Los impuestos sobre los plaguicidas aplicados en países de la Unión Europea no han estado libres de críticas y problemas, pero al día de hoy su éxito es innegable, por lo que hay tres lecciones básicas que debemos aprender sobre el tema.

La primera de ellas es que el impuesto debe establecerse con base en el daño que provocan a la salud humana y a la vida silvestre, es decir, las sustancias más tóxicas deben tener el impuesto más alto, pues de esta manera se fomentará el desarrollo de productos menos nocivos.

La segunda es que se deben implementar procedimientos y mecanismos gubernamentales para que el pago del impuesto sea lo más sencillo posible, tanto para las empresas como para los agricultores, además de que su evasión sea lo más difícil posible para cualquier actor.

La tercera es que si el monto recaudado por este impuesto se regresa a los agricultores, en forma de algún tipo de apoyo que premie a los que usan más racionalmente los plaguicidas, entonces habrá una aceptación más rápida y mayor.

Aspectos importantes a considerar

Para que un sistema de impuestos a los plaguicidas sea viable, es necesario tener un sistema claro y preciso para catalogarlos, de acuerdo con su toxicidad. En Europa utilizan el sistema de clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que se basa principalmente en los efectos para la salud humana.

La gran ventaja de este sistema de clasificación es su reconocimiento internacional, además de que presenta un amplio espectro al analizar diferentes características de las sustancias plaguicidas.

Por el contrario, su mayor limitante es que solo considera una dimensión del problema, siendo que muchos plaguicidas pueden no afectar considerablemente a la salud humana, pero si al medioambiente: contaminación de acuíferos, daño a mamíferos, aves, peces e insectos, etc.

Otra cuestión que se debe considerar es que, para el caso de México, no existen estudios que permitan monetizar el valor del daño ambiental causado por los plaguicidas, de modo que determinar el valor del impuesto a los plaguicidas podría constituir un punto de conflicto.

Algunos especialistas indican que, como los plaguicidas están exentos del IVA, lo más adecuado sería establecer el nivel más alto, 16 %, para los plaguicidas más tóxicos, y disminuirlo hasta 0% para los plaguicidas menos tóxicos. Aunque claro, podrían proponerse otras alternativas.

Consecuencias de la aplicación del impuesto

La aplicación de un impuesto a los plaguicidas tendría consecuencias sobre los costos de producción y por lo tanto, sobre los precios que pagan los consumidores. De hecho, el aumento en los precios será muy notorio para aquellos productos agrícolas de uso intensivo de plaguicidas, como por ejemplo, el tomate y la papa.

Para evitar que esto afecte a la economía de los consumidores sería necesario crear incentivos que hagan que los productores dejen de aplicar aquellos plaguicidas cuyo impacto social y ambiental es mayor que el beneficio que puedan llegar a proporcionar, para que desaparezcan gradualmente por falta de uso.

Es decir, el valor del total del impuesto recaudado debería de reintegrarse a los agricultores, lo cual puede hacerse de muchas maneras: subsidio al agua y la luz, entrega de maquinaria agrícola e insumos para la producción, o cualquier cuestión que permita que disminuyan sus costos de producción.

Y un punto que queda sobre la mesa es el papel de los fabricantes y comercializadores de plaguicidas, pues administrativamente no sería correcto aplicar dos veces el mismo cobro de impuestos a un mismo producto, por lo que la solución más justa podría ser que las empresas paguen una parte del impuesto y los agricultores la otra parte.

Aunque claro, por sí solo un impuesto a los plaguicidas no será suficiente, sino que debe complementarse con una estrategia de inversión en educación e investigación.

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