Hay un par de cuestiones innegables sobre el aguacate michoacano: la primera es que constituye el mayor producto de exportación del estado, y la segunda es que está generando un problema medioambiental hacia el que todos cerraban los ojos. Pero el nuevo gobierno estatal ha puesto el dedo sobre la llaga.
Son 32 los municipios de Michoacán que tienen en el aguacate su principal actividad económica, por lo que cualquier tipo de regulación se debe implementar con sumo cuidado, en especial aquellas relacionadas con la preservación del medioambiente, para lograr un equilibrio entre su cuidado ambiental y desarrollo económico.
¿Cómo atender el problema ambiental que está generando la plantación sin control de aguacate, al tiempo que se cuida el principal rubro económico de la entidad estatal? La solución parece estar en el establecimiento de una denominación de origen, aunque hay que analizar si es una solución viable en la práctica.
La denominación de origen definiría claramente las condiciones de plantación: altura, clima y tipo de suelo, de manera que cualquier plantación que se quiera realizar fuera de zonas con las condiciones adecuadas no estaría permitirá. En teoría, el punto urgente es limitar el cambio de uso ilegal del suelo.
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